Las sombras de EPM
Por Santiago Gómez Castaño
Medellín puede considerarse como la luz. Además de ser La Ciudad de la Eterna Primavera, la capital mundial del reguetón, la ciudad más innovadora del mundo y un cúmulo más de pajazos mentales mediatizados que alberga en su territorio la empresa más grande de servicios públicos del país, EPM.
Sin embargo, entre las sombras de las lámparas del alumbrado público y de su luz en el imaginario común, hay realidades escondidas. La ladera oriental alberga montones de estructuras algo precarias, un arrume de ranchos que en las noches queda a oscuras. Ese es el territorio de los “desconectados”; familias que sufren entre la falta de luz, el desabastecimiento y la pobreza.
Como consecuencia del conflicto armado, entre finales de la década del 70 y principios de los 90, familias desplazadas en su mayoría provenientes de Urabá, el Oriente y el Occidente antioqueño se instalaron en la comuna 3 de Medellín, zona montañosa del nororiente de la ciudad que no contaba con infraestructura de servicios públicos. Hasta hoy muchas de estas familias todavía se encuentran en la sombras.
En la cuna de la Empresas Públicas de Medellín, considerada la empresa más sólida en Colombia en provisionar servicios de carácter público como electricidad, agua potable, saneamiento y acueducto, existen todavía más de 36 mil familias que no cuentan con ninguno de estos servicios de carácter básico. ¿La razón? El argumento principal sería que estos barrios de invasión se encuentran en zonas de alto riesgo.
Negligencia es la palabra que se me viene a la mente cuando pienso en el accionar de las entidades públicas en estos barrios. Si bien la inversión para alumbrados de diciembre de 2013 excedió los 6 mil millones en 2012, no se conciben estrategias eficaces para mejorar la situación de los habitantes de la ladera, deudores morosos en las bases de datos de las Empresas “Públicas”.
Un panorama desolador cubre estos barrios los que, a pesar de la conformación de un fuerte movimiento comunitario para la defensa de sus derechos, el Estado parece hacérseles el de la vista gorda al no proveer la atención ante la situación de riesgo en la que se encuentran, pero sí negando todo pedido de reubicación o acción de inclusión dentro de las redes de servicios.
¿De qué nos jactamos entonces con nuestro orgullo catalogándonos como una ‘ciudad luz’ si cientos de miles de personas se ven obligadas a construir sistemas de piratería para obtener algo tan básico como el agua o cualquier otro servicio público?
La desconexión no sólo impide a las personas ver televisión, lavarse las manos antes de comer o saber que sus desechos se van por un acueducto decente, sino que además destruye el tejido social y físico de quienes se someten a ella. Los peligros latentes que tienen las familias de estos sectores al buscar en el contrabando una forma de obtener los servicios traen como consecuencia una reducción en la calidad de vida o sucesos tan fatídicos como los incendios vividos en el barrio Moravia.
Otro mundo se construye en la ladera. Los habitantes no son vistos como personas sino como deudores morosos. Si tuviera que comerme una mazorca en el alumbrado del río Medellín me preguntaría qué tan justa es toda esa algarabía visual a costa de tanto sufrimiento humano. 20 mil familias se conectarían al servicio de electricidad con los más de 6 mil millones que se invirtieron, y si eso no es un argumento para la Alcaldía que intenta hacer público el disfrute de estos espacios, déjenme decirles que lo peor del caso es que pocas de estas familias disfrutarán del paseo por el río en Navidad.
Supongamos que los argumentos que esgrimen las entidades de no actuar en zonas de riesgo no obedecen a intereses socioeconómicos, entonces ¿sectores como la Cola del Zorro en la vía Las Palmas deberían tener todos los servicios públicos, teniendo en cuenta que esta es una zona de riesgo por su inestabilidad geológica?
Admitamos que procesos de reubicación se han llevado no han sido suficientes. En más de los 200 apartamentos de interés social que se hicieron en el barrio La Cruz, poco más de la mitad han sido habitados y muchos de los que allí vivían empezaron a irse de los apartamentos al sufrir la misma desconexión.
A la luz de estos hechos ¿son tan públicas las Empresas Públicas de Medellín? o ¿la categoría de “público” sólo sirve para tener a más personas conectadas? Si son tan públicas, ¿por qué hay desconectados? De estos acontecimientos vividos por la comunidad únicamente puedo preguntarme: ¿el interés comercial sobrepasó el bienestar humano? No quiero pensar que EPM y el Estado quiera seguir manteniendo en la sombra a los “desconectados”.
Por lo pronto, ante las determinaciones de la Administración Municipal sobre su accionar en estas zonas de riesgo, sólo espero otra licitación para construcción de vivienda en los altos de El Poblado. Lo más seguro es que allá si haga presencia EPM iluminando con todo su esplendor.
