La salud es un derecho, no un favor
En la quinta sesión de la cátedra de Derechos Humanos y Comunicación, se habló sobre el derecho a la salud en Colombia y el papel de los medios en esta materia. El encuentro dio pie a la discusión sobre el estado actual del sistema de salud que cobija a los colombianos y las limitaciones que este padece.
María Antonia Ruiz Espinal – mruizes1@eafit.edu.co
Si en el municipio de Ríosucio, Chocó, desapareciera la zona baja del río Atrato que rodea el pueblo, no solo se acabaría la principal fuente de sustento y alimento, sino que los habitantes no tendrían donde bañarse, lavar la ropa, recoger agua para cocinar y hacer sus necesidades.
Tal situación de evidente abandono estatal, se conoció gracias a un video realizado por la Defensoría del Pueblo en conjunto con la ONU para los derechos humanos en Colombia.
Este municipio del Chocó, es solo uno de muchos del país donde el reparto desigual de los recursos ha fragmentado la sociedad y ha impedido el acceso equitativo de los habitantes a un digno servicio de salud.
A mayor vulnerabilidad, menor cobertura
Durante la última cátedra de Derechos Humanos y Comunicación, que realiza el pregrado en Comunicación Social de EAFIT con el apoyo de la ONU, Ana María Díaz, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, explicó que no es fortuita la relación que existe entre la deficiente cobertura del derecho a la salud en el país y el hecho de que en los departamentos más abandonados habiten los grupos sociales más vulnerables.
De acuerdo con el portal web “Red de Solidaridad y Hermandad” (redcolombia.org), casos como el de Ríosucio, se repiten en Manaure y Puerto Carreño. En estos municipios, el sistema de protección de salud no cumple ni con los mínimos requisitos para satisfacer los derechos de inmediato cumplimiento, como son el acceso a agua potable, la atención primaria a la salud, la disposición de alimentos, un abrigo o vivienda básicos y un sistema de educación primaria gratuito.
De tal forma, es claro que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones suscritas en virtud del Pacto Internacional de DESC (derechos económicos, sociales y culturales).
No es extraño, pues, que en estos municipios no haya disponibilidad suficiente de hospitales, personal capacitado, medicamentos esenciales ni condiciones sanitarias para atender a los enfermos. Adicionalmente, la accesibilidad es en muchos casos nula, en primer lugar, debido a la difícil geografía colombiana que impone viajes hasta de dos días (en Ríosucio) para llegar al centro de salud; y, en segundo lugar, la discriminación por razones múltiples, que lleva a negar la atención a personas pertenecientes a grupos vulnerables.
En cuanto a la aceptabilidad, “el sistema de salud en Colombia no tiene en cuenta que cada cultura tiene prácticas medicinales y remedios diferentes para tratar una enfermedad”, recalcó Ana María Díaz.
La cátedra fue dictada por Ana María Díaz, representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
La diversidad cultural como impedimento para el derecho a la salud
En este punto, algunos asistentes a la cátedra se plantearon la pregunta de por qué aún hoy, en los centros de salud del país, no hay profesionales capaces de interpretar al menos una de las 68 lenguas nativas que tiene la nación colombiana, teniendo en cuenta que el idioma, más que ser un medio de comunicación, es un mundo de significaciones a partir del cual se entiende la vida de determinada forma.
Este hecho dio pie a una reflexión histórica, de la cual se concluyó que la diferencia entre las culturas que confluyen en Colombia como consecuencia directa del mestizaje, más que abonar el terreno para un diálogo intercultural y empático, se ha interpuesto como una barrera infranqueable y ha justificado la discriminación y la desigualdad que por tantos años han socavado los derechos humanos de grandes poblaciones.
En cuanto a la distribución de recursos entre la población, y de acuerdo con datos del Banco Mundial, África y América Latina se encuentran casi a la par, difieren en centímetros, para saltar juntos el listón de la desigualdad. En este sentido, casi que los dos continentes se llevan el primer lugar de los más desiguales del mundo.
A nivel regional, mencionó la representante del Alto Comisionado, Colombia se posiciona como el segundo país más desigual de Latinoamérica, empezando por la distribución de la tierra, el acceso a la salud y a la educación, y la abismal diferencia en el nivel de ingresos de la población.
Desde hace 40 años se incluyó en la legislación interna del país el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto significa que el Estado, a partir de la Ley 74 de 1968, está en la obligación de garantizar para todos los habitantes del país, sin discriminación de etnia, sexo, opinión política, religión, entre otros aspectos, un nivel de máximo bienestar tanto físico como mental, es decir, garantizar una vida acorde al respeto de la dignidad humana.
“Por dignidad humana se entiende que, por el mínimo hecho de ser persona, todos, en el sentido más incluyente de la palabra, deben tener respaldados, sin restricción alguna, las condiciones sociales, económicas y culturales que se consideran cimientos para mejorar de forma continua la existencia de un individuo en un determinado contexto”, explicó Ana María Díaz.
Servicios cotidianos como disponer de agua potable, acceder fácilmente a un centro de salud y ser tratado conforme a sus condiciones culturales, parecen hechos de común cumplimiento para los pobladores de las grandes ciudades que constituyen el corazón económico del país, el denominado “triángulo de oro” con vértices en Medellín, Bogotá y Cali, dentro del cual se concentra la mayoría de la población y, por ende, la inversión y el desarrollo económico.
¿Qué pasa entonces con las regiones periféricas de estas ciudades y las zonas fronterizas del país, donde se encuentra la mayor cantidad de población campesina e indígena? Fue esta la pregunta debate que surgió en medio del análisis, de la cual se concluyó que, debido a la apatía institucional, consecuencia del excesivo centralismo del gobierno, son estas las zonas que viven y sufren las situaciones más críticas.
A pesar de ser esta situación un hecho de conocimiento general, poco se ha hecho por cambiar las precarias condiciones de vida a las que se ven sometidos millones de habitantes de otras regiones, pues, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, el coeficiente de Gini en Colombia (donde 0 es igualdad y 1 desigualdad total) es de 0,53, lo cual demuestra la existencia de estructuras económicas donde una minoría acapara lo que la mayoría necesita.
Al finalizar, varios periodistas de medios comunitarios que asistieron a la cátedra, reafirmaron el papel de la comunicación como un acto necesario para tender puentes en medio de la diferencia y reconstruir el tejido social. En este sentido, agregaron que informar sobre violaciones a los derechos humanos, constituye una petición conjunta de mejora y obliga al Estado a rendir cuentas de forma eficaz y transparente.
